La acusación formulada contra cinco funcionarios de la intendencia capitalina cuestiona la contratación directa de servicios para la fabricación de paradas de colectivos, la instalación de tótems interactivos y la limpieza de espacios verdes, eludiendo las licitaciones públicas.
La denuncia penal formulada contra cinco funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán plantea 12 casos específicos en los que se contrataron servicios de manera directa y presuntamente irregular. En su mayoría, se trata de tareas de limpieza de espacios verdes enmarcadas bajo la emergencia ambiental, pero también se cuestiona el proceso de millonarias compras de tótems interactivos y la instalación de más de 60 refugios para el transporte público, según publica el diario La Gaceta en un reciente y detallado informe.
La concejal Ana González fue la encargada de presentar la acusación formal ante el Ministerio Público Fiscal (MPF). La misma apunta directamente a la cúpula de la gestión de Rossana Chahla: el secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa; la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano; el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, y el contador General, Marcelo Albaca.
Según la edil, estos funcionarios habilitaron contrataciones directas por un total de $2.700 millones, utilizando como argumento la urgencia para servicios que, por su naturaleza y montos, debieron gestionarse a través de los correspondientes llamados a licitación pública.
Paradas de colectivos, tótems y kits de monitoreo
Los primeros planteos que expone la demanda corresponden a servicios ambientales, pero los montos más altos y polémicos se refieren a las herramientas adquiridas para el transporte público de pasajeros en la capital. El detalle de las compras objetadas:
- Atres Impresiones S.A.: La denuncia cuestiona tres contratos con esta firma. A principios de 2025, fue convocada para fabricar 40 paradas de colectivos por $398 millones (un precio unitario de $9 millones). Luego, en diciembre, se ordenaron 20 refugios más por $252 millones (unos $12 millones por unidad). Además, la acusación asegura que en 2024 esta misma empresa instaló tres refugios multimedia por $68 millones, reclamando que el precio unitario superaba en más de $10 millones a otros similares en el mercado.
- Providers S.A.: Se habría formulado una compra por $398 millones para adquirir 165 kits de monitoreo para el transporte. La demanda de González reprocha que el municipio haya justificado esto como una «necesidad inmediata e imprevista», siendo que se trataba de bienes importados con extensos plazos de logística.
- Esca Construcciones S.R.L.: En marzo de este año, la intendencia contrató la provisión de 14 tótems interactivos para el evento del Vía Crucis por $141 millones, entregando «un anticipo del 70% antes de la entrega». La demanda apunta directamente a un presunto sobreprecio de los artefactos.
«Resulta jurídicamente insostenible que el municipio sostenga, simultáneamente, que una adquisición forma parte de un plan integral de movilidad urbana y que, al mismo tiempo, dicha adquisición responde a una situación de necesidad y urgencia que impide cumplir con el procedimiento de licitación pública», advierte el texto de la denuncia penal.
Servicios ambientales y cooperativas bajo la lupa
En el plano de los servicios ambientales, las objeciones se centran en la contratación de cooperativas y particulares sin los antecedentes necesarios o con posibles irregularidades fiscales:
- Cooperativa “Juntos para Vivir Mejor”: Se la contrató para tareas de promoción ambiental, eco-canjes y armado de stands por $50 millones por un plazo de tres meses. La concejal cuestiona que estas actividades eran «claramente previsibles y programables». A su vez, reclama que la entidad no habría estado inscripta en el Registro de Proveedores al momento de la firma y carecía de «antecedentes técnicos específicos».
- Otras cooperativas y particulares: La denuncia también exige investigar las adjudicaciones a los particulares Alberto Obeid e Ivana Longhino, y a las cooperativas «Profeta Isaías», «Remacoop», «Constutuc» y «Proyectar Futuro».
Según publica La Gaceta a partir del expediente, estas últimas prestatarias habrían presentado graves irregularidades fiscales o, sugestivamente, habrían sido creadas en fechas casi contemporáneas a su contratación por parte del municipio. Finalmente, la concejal alfarista expone que en algunos casos existió una clara superposición territorial de contratos y el uso abusivo de «fundamentos legales estandarizados para eludir sistemáticamente los procedimientos de licitación».
