El crecimiento sostenido de las estafas en Tucumán encendió alertas en el ámbito judicial y entre especialistas, que advierten sobre una diversificación de las maniobras delictivas y un volumen que podría equiparar —o incluso superar— a los delitos tradicionales contra la propiedad.
Desde operaciones fraudulentas en la compra y venta de vehículos hasta esquemas piramidales, uso indebido de datos de terceros, falsas promociones y suplantación de identidades profesionales, el fenómeno exhibe una expansión marcada tanto en cantidad como en complejidad.El abogado penalista Ernesto García Biagosch definió el escenario como una “tormenta perfecta” en la que confluyen factores económicos, tecnológicos y sociales. Según explicó, la crisis económica y la inflación actúan como catalizadores que son aprovechados por organizaciones delictivas para captar víctimas.
En la misma línea, el letrado Juan Herrero, quien representa a damnificados por fraudes en la compra de vehículos, estimó que este tipo de delitos ya se ubica al nivel de los ilícitos contra la propiedad. Citó como ejemplo el caso de una concesionaria de Yerba Buena, donde —según indicó— operaría una organización que ya había accedido a una probation por hechos similares en Tucumán y que estaría vinculada a maniobras en la provincia de Chaco.
Desde el ámbito de la investigación, Miguel Carabajal advirtió sobre la magnitud del problema al señalar que no falta mucho para que la división de Delitos Telemáticos alcance en personal a la de Robos y Hurtos. Fuentes judiciales coincidieron en que la dinámica delictiva cambia de manera constante, lo que dificulta su abordaje. Como ejemplo, mencionaron recientes engaños vinculados a supuestos subsidios por inundaciones en La Madrid, que lograron captar a varias víctimas.
Las estafas piramidales continúan siendo otro foco de conflicto. En los últimos días, un grupo de ahorristas impulsó denuncias contra una firma ante la unidad de Delitos Telemáticos, mientras que el titular de la empresa respondió con una contra demanda por calumnias e injurias, al considerar que se estaba afectando su reputación comercial.
El abogado Marcelo Cocianci vinculó el incremento de estos delitos con dos factores centrales: la crisis económica, que empuja a muchas personas a buscar ingresos rápidos, y la transformación tecnológica, que facilita la comisión de fraudes a bajo costo y con menor riesgo, a través de redes sociales, billeteras virtuales y plataformas digitales que dificultan la identificación de los responsables.
Por su parte, el penalista Javier Lobo Aragón (h) señaló que la masificación del uso del celular para operaciones financieras contrasta con el bajo nivel de conocimiento sobre medidas de seguridad. Indicó que uno de los mecanismos más frecuentes en la provincia se detecta en concesionarias, donde se ofrecen vehículos con requisitos mínimos, anticipo inicial y cuotas fijas. Según explicó, los esquemas suelen cumplir en una primera etapa para generar confianza, pero luego derivan en el incumplimiento y la estafa.
En contraposición, el abogado Patricio Char planteó la necesidad de diferenciar entre fraude y simples incumplimientos contractuales, al sostener que el derecho penal requiere la existencia de dolo y una maniobra engañosa concreta, y no puede aplicarse automáticamente ante dificultades económicas.
Desde una perspectiva más amplia, la abogada Paula Morales Soria consideró que el fenómeno también responde a transformaciones sociales. Señaló que la cultura de la inmediatez, la presión por el consumo y la exposición constante generan un contexto en el que, sumado a la vulnerabilidad económica, se diluyen ciertos límites. A su vez, destacó que la digitalización amplificó estas conductas al ofrecer canales más rápidos, masivos y anónimos para cometer delitos como suplantación de identidad o fraudes en operaciones.
En ese sentido, concluyó que el aumento de las estafas no solo refleja una problemática penal, sino también un síntoma del contexto social actual, marcado por cambios en las formas de vinculación, consumo y percepción de los límites colectivos.
