Una nota enviada por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) a la empresa Hidroeléctrica Tucumán SA, concesionaria del dique de El Cadillal, autoriza las gestiones para elevar el nivel de embalse hasta la cota máxima, de 607,50 metros sobre el nivel del mal (msnm), luego de más de tres años de operar de manera reducida por los riesgos derivados de grietas y fisuras.
Si bien no hubo anuncios oficiales, todo indica que con esto se darán por finalizadas las obras de reparación llevadas a cabo por cuenta del Gobierno provincial, que promueve un juicio millonario contra la concesionaria para exigir el reintegro de esos fondos.
El documento, al que accedió LA GACETA, fue firmado el jueves pasado por Adriano Borus, presidente del Orsep. El organismo depende de la Secretaría de Obras y Servicios (dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación), y tiene entre sus funciones la tarea de “fiscalizar la seguridad estructural y operativa de las presas y/o estructuras complementarias y auxiliares de jurisdicción nacional”.
El texto es una respuesta al informe técnico denominado “Evaluación de Parámetros de Comportamiento de Presa Lateral N° 3”, correspondiente a abril, e incluye los análisis efectuados por la Consultoría Independiente. “Se toma conocimiento de las conclusiones allí expuestas, en las cuales se indica que el comportamiento de la obra resulta aceptable para el nivel actual de embalse (cota 606,50 msnm), evidenciándose mejoras en la estanqueidad como resultado de los trabajos de inyección ejecutados”, expresa la nota dirigida a Hidroeléctrica Tucumán SA, a nombre de Luis Paget.
Además, sobre la base de los informes técnicos, organismo regulador dio conformidad a la recomendación de elevar la cota a 607,50 msnm.
Aunque la diferencia es de un metro, dada la superficie del embalse, esta medida representa un enorme volumen de agua. Por ello, el Orsep incluyó como recomendación que se mantenga “una supervisión permanente de la evolución de los parámetros de control”. En caso de verificarse cambios, el Orsep indicó que se informe de manera inmediata y se evalúen las acciones correspondientes, entre ellas la reducción al anterior nivel de embalse, es decir, 606,50 msnm.
Derivaciones
La nota del Orsep comenzó a circular por distintos despachos de la Casa de Gobierno. Y ahora resta que, sobre la base de los informes técnicos, el gobernador Osvaldo Jaldo confirme si las obras de reparación en la presa lateral N° 3 llegaron a su fin.
Sucede que las filtraciones en el dique habían tenido repercusiones a diversos niveles.
Desde lo político, la oposición había cuestionado desde la falta de mantenimiento del “Celestino Gelsi” hasta la ejecución de los trabajos, realizados a partir de un DNU firmado por Jaldo -entonces vicegobernador en ejercicio del PE- en enero de 2023.
Desde lo judicial, además, el Poder Ejecutivo busca recuperar los fondos invertidos, mediante un juicio promovido ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, con sede en los tribunales porteños y a cargo del juez Enrique Alonso Reguera. Según la ampliación de la demanda interpuesta mediante la Fiscalía de Estado, que conduce Gilda Pedicone, a diciembre de 2025 se habían destinado $15.300 millones a la reparación del dique.
El proyecto fue adjudicado mediante contratación directa, previo cotejo de precios, a Mercovial SA y Sabavisa SA, una unión transitoria de empresas. Tras una primera etapa, que tuvo un presupuesto inicial de unos $690 millones, se fueron ampliando las tareas a partir de los informes realizados por los técnicos intervinientes en la obra. Más allá del último monto actualizado por el PE en la demanda, resta ver cuál es la cifra definitiva que se exige a la concesionaria, cuyo contrato finalizaría durante el segundo semestre de este año.
La postura del Gobierno provincial fue hacerse cargo de estas tareas, pese a sostener desde el dictado del DNU 1/8 de 2023 que la situación era responsabilidad de la concesionaria, que a su vez rechaza la demanda tramitada por la Fiscalía de Estado.
Al margen de ello, el PE dio inicio a los trabajos por cuanto “se encuentra comprometida la seguridad publica de sus habitantes, (así como) el abastecimiento de agua para la población y del sector agrícola”, agrega el DNU 1/8. A casi tres años del dictado de ese instrumento, el dique podrá volver a operar en su cota máxima.
Fuente: LA GACETA
