Tras el sorteo, se designó a José Manuel Díaz Vélez para investigar a la cúpula de la AFA, dejando así a Díaz Martínez y a Contreras fuera del caso
Tras un sorteo que dejó al margen a magistrados de Catamarca, quedó definido quién deberá conducir la investigación contra la cúpula de la AFA. Aunque Guillermo Díaz Martínez y Miguel Ángel Contreras integraron el bolillero para definir la subrogancia en el juzgado santiagueño, la suerte determinó que el tucumano José Manuel Díaz Vélez sea el encargado de llevar el expediente contra Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino. Con esta decisión se busca reactivar una causa de alto impacto político que indaga presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
Subrogancia y contexto institucional
La designación de Díaz Vélez tiene carácter de subrogancia y se extenderá, en principio, hasta que finalice la licencia médica que actualmente cumple el juez Guillermo Molinari, titular del Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero. La resolución pretende dotar de operatividad a un juzgado que se encontraba acéfalo para esta causa en particular, luego de una serie de desplazamientos y recusaciones que pusieron en evidencia las tensiones en el Poder Judicial santiagueño.
La crisis de magistrados y la salida de Argibay
La crisis se profundizó con el apartamiento dispuesto por la camarista Marina Cossio del juez Sebastián Argibay, quien hasta hace pocos días tenía bajo su firma la suerte de los imputados. Argibay fue recusado por el fiscal federal Pedro Simón, que cuestionó la imparcialidad del magistrado. El argumento central de la recusación fue la existencia de vínculos comerciales directos entre la hija del juez y un hermano de Pablo Toviggino, lo que configuraría un conflicto de intereses incompatible con la objetividad requerida para instruir un expediente de tal magnitud.
Pese a que la Cámara Federal de Tucumán ya analizaba su desplazamiento, Argibay dictó una resolución de último momento antes de ser apartado: rechazó los pedidos de detención formulados por la fiscalía y se declaró incompetente para seguir interviniendo. Los acusadores interpretaron esa maniobra como un intento de beneficiar a los directivos de la AFA antes de abandonar la causa.
La hipótesis fiscal y el alcance de la investigación
La investigación que originó este sismo institucional se centra en presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos. La hipótesis del fiscal Simón sostiene que se habría montado una estructura societaria en Santiago del Estero para desviar fondos de la AFA hacia negocios personales y la adquisición de bienes de lujo. Según el dictamen fiscal, empresas vinculadas a Toviggino funcionaban como «fachadas» para inyectar dinero proveniente de la entidad madre del fútbol, mediante facturación cruzada y maniobras financieras complejas que dificultaban el rastreo de los capitales.
En el centro del escándalo están los pedidos de detención e indagatoria para 24 personas, entre las que sobresalen Tapia y Toviggino. La fiscalía fundamentó la necesidad de las capturas en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dada la influencia política y económica de los involucrados. El rastreo de bienes incluye estancias, lotes, vehículos de alta gama y operaciones millonarias con dólar MEP que, según la fiscalía, no coincidirían con los ingresos declarados por los principales investigados ante los organismos de control.
Conflicto de competencia y pasos procesales
El escenario procesal es sumamente dinámico. Además de la designación del nuevo juez, persiste un conflicto de competencia: la fiscalía sostiene que los delitos se cometieron en Santiago del Estero a través de sociedades locales, mientras que las defensas pretenden que el caso sea derivado a los tribunales de Zárate-Campana o a la Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra la sede central de la AFA. Esa disputa jurisdiccional deberá resolverse eventualmente por la Cámara Federal de Casación Penal.
Por el momento, el juez Díaz Vélez deberá abocarse al análisis de los voluminosos cuerpos que integran el expediente y decidir sobre las medidas de prueba pendientes. Su rol será clave para determinar si las resoluciones dictadas por el apartado Argibay mantienen su validez o si corresponde dictar nuevos actos procesales que reencaucen la investigación.
Expectativas y desafíos
La llegada de un magistrado ajeno a la jurisdicción santiagueña representa, para los sectores que impulsan la denuncia, una oportunidad de avanzar sin los condicionamientos locales que suelen rodear a figuras con peso institucional en la región. A pesar de los intentos de las defensas por dilatar las definiciones, y cuando el país se encuentra a las puertas del Mundial, la causa sigue sumando capítulos.
Con el nuevo magistrado al frente, la causa entra en una etapa de definiciones donde se evaluará no solo la solidez de las pruebas recolectadas por el fiscal Simón, sino también la capacidad del sistema judicial para actuar en investigaciones de alta complejidad y fuerte repercusión pública.
