El gobernador Osvaldo Jaldo reafirmó la decisión de avanzar en la normalización de los entes autárquicos que permanecen intervenidos en Tucumán, aunque aclaró que el proceso demanda una revisión de las normas que regulan su funcionamiento antes de designar a las autoridades definitivas.
El mandatario se refirió a la situación del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), cuya intervención es objeto de una disputa judicial, y señaló que la regularización de los organismos provinciales forma parte de una política de revisión institucional que también alcanza al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), conocido como Subsidio de Salud, la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU).
“La decisión que ha tomado este gobernador es empezar a normalizar todos aquellos entes autárquicos que hoy están intervenidos”, afirmó Jaldo ante la prensa, luego de participar en un acto realizado en el Complejo Belgrano, en el marco de la Final Provincial de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026.
Sin embargo, el Gobernador aclaró que el proceso no se limita a la designación de responsables para conducir cada institución. Según explicó, antes es necesario adecuar los estatutos y las cartas orgánicas que, en algunos casos, quedaron desactualizados respecto de las necesidades actuales de los organismos.
“Estamos trabajando porque hay estatutos y cartas orgánicas que están muy desactualizadas. Cuando nosotros hablamos de normalizar, quiere decir que hay que poner los responsables que conduzcan cada institución”, sostuvo.
Los organismos que continúan intervenidos en Tucumán
La revisión institucional comprende distintas reparticiones que llevan años bajo la figura de la intervención. De acuerdo con los antecedentes mencionados, el Subsidio de Salud y el IPVDU permanecen en esa situación desde 1991; el IPLA, desde 2000; y la Caja Popular de Ahorros, desde 2003.
La situación de estos organismos presenta particularidades, tanto por las funciones que cumplen como por las disposiciones legales que regulan su funcionamiento. Por ese motivo, Jaldo insistió en que el proceso requiere analizar cada caso antes de avanzar con la designación de nuevas autoridades.
En el caso del IPLA, la discusión se encuentra atravesada por una resolución judicial que ordenó al Poder Ejecutivo poner fin a la intervención y conformar un directorio colegiado. La situación todavía debe resolverse en el ámbito judicial, luego de que la Fiscalía de Estado presentara un recurso para cuestionar los alcances del fallo.
La regularización del organismo es uno de los puntos centrales de la agenda, aunque el mandatario dejó en claro que la decisión de avanzar con las normalizaciones debe instrumentarse dentro del marco legal correspondiente.
Subsidio de Salud: una obra social con casi 400.000 beneficiarios
Al referirse al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, Jaldo destacó la dimensión del Subsidio de Salud y la responsabilidad que implica definir su conducción.
“Tenemos el Subsidio de Salud (IPSST), una obra social, la más grande, la más importante del interior del país. Esa obra social hoy tiene, aproximadamente, entre titulares y adherentes, casi 400.000 beneficiarios”, expresó.
El Gobernador señaló que, por la cantidad de personas alcanzadas y por la naturaleza de las prestaciones que brinda, resulta necesario actualizar la carta orgánica antes de avanzar con la designación de una conducción definitiva.
“Para poner una conducción que tenga que ver con la salud del ser humano, como son los servicios del Subsidio de Salud, hay que tratar de no equivocarse y hay que actualizar toda la carta orgánica”, afirmó.
De esta manera, Jaldo vinculó la normalización del IPSST con la necesidad de revisar las disposiciones que establecen cómo debe organizarse y funcionar la institución. La actualización normativa aparece así como una instancia previa a la definición de las autoridades que estarán a cargo del organismo.
El mandatario extendió este planteo al IPLA, la Caja Popular de Ahorros y otras reparticiones provinciales, cuyos procesos de regularización también requieren analizar las normas que rigen cada institución.
La causa judicial por la intervención del IPLA
Las declaraciones de Jaldo se produjeron en medio de la controversia judicial por la continuidad de la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al Poder Ejecutivo poner fin a esa situación y estableció un plazo de 60 días corridos para conformar un directorio colegiado. La resolución hizo lugar parcialmente a una demanda presentada por un grupo de propietarios de locales.
Frente a ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado, conducida por Gilda Pedicone, interpuso un recurso de casación con el objetivo de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revise lo resuelto por la Cámara.
Mientras se aguarda una definición judicial sobre ese planteo, la normalización del IPLA permanece vinculada tanto a las exigencias legales como a la decisión política del Gobierno provincial de avanzar con la regularización de los entes intervenidos.
En ese contexto, el Gobernador reiteró que la designación de autoridades debe realizarse con las atribuciones y los procedimientos previstos en las normas que correspondan. Por eso, sostuvo que el trabajo no consiste únicamente en nombrar responsables, sino también en establecer las condiciones institucionales necesarias para que puedan ejercer sus funciones.
Sin plazos definidos para completar las normalizaciones
Consultado sobre el proceso, Jaldo no anunció un cronograma para la regularización de los organismos ni precisó cuándo podrían concretarse las primeras designaciones. En cambio, insistió en que el Gobierno trabaja en la revisión de las disposiciones legales que considera necesarias para avanzar.
El mandatario también respondió a los cuestionamientos sobre la demora en la normalización de las instituciones y remarcó que la instrumentación de los cambios requiere analizar cómo debe proceder el Ejecutivo en cada caso.
“Hablar de normalizar es fácil. Ahora, hay que ver cómo, con quién y con qué normas legales lo hacemos”, expresó.
La definición deja planteado el objetivo del Gobierno provincial de avanzar hacia una conducción regular de los organismos intervenidos, aunque todavía resta determinar los pasos administrativos y legales para concretarlo.
Por ahora, la actualización de las cartas orgánicas y los estatutos constituye uno de los ejes del trabajo anunciado por Jaldo. El alcance de las modificaciones, las condiciones para designar autoridades y los tiempos de implementación serán aspectos centrales para determinar cómo se desarrollará la normalización de cada repartición.
