eltucumano accedió la sentencia del juez Lerario Babot que ordenó allanar siete domicilios vinculados al magnate en jefe de La Bancaria y la Caja Popular de Ahorros, donde trabaja la denunciante de los jugadores de Vélez Sarsfield. Por primera vez, un juez provincial de Tucumán fundamenta con pericias UFED la existencia de una “organización criminal” operando al mando del empresario gremial y diputado nacional que, según el fallo, dio órdenes para “hacer pingo” a la jueza de la causa por supuesto abuso sexual, Karina Eliana Gómez Moreira y coordinaba la eliminación de evidencia por parte de la denunciante, hija de un ex juez federal y actual asesor de Banco Macro, también denunciado por los jugadores de Vélez.
eltucumano.com accedió en exclusiva absoluta a la orden judicial completa que – en un acto inédito de coraje judicial en Tucumán- el juez Bernardo Daniel Lerario Babot firmó hoy 30 de septiembre ordenando allanar simultáneamente siete domicilios de la red que -según las pericias forenses- opera bajo el comando del diputado nacional Carlos Cisneros, mandamás de La Bancaria y la Caja Popular de Ahorros de Tucumán desde hace un cuarto de siglo .
Aunque Cisneros es identificado en el fallo judicial como “el de arriba” que daba órdenes para toda la operación, su domicilio no fue incluido entre los allanados. Los procedimientos alcanzaron únicamente a residencias de presuntos operadores: la abogada Patricia Neme (asesora legal de La Bancaria), testigos que recibieron empleos bancarios el día que declararon, la denunciante y su padre ex juez federal, y colaboradores cercanos al dirigente sindical.
El documento judicial de nueve páginas que autorizó expresamente el uso de la fuerza pública para ingresar compulsivamente a los domicilios expone por primera vez con fundamentación judicial cómo funcionaría una “organización criminal” que abarca desde el estudio jurídico de la abogada Patricia Neme hasta las residencias de testigos que recibieron empleos bancarios el mismo día que prestaron declaración contra los jugadores a sabiendas .
La resolución judicial – Legajo S-077592/2025-, firmada digitalmente y con sello del Centro Judicial Capital de Tucumán, constituye el primer acto jurisdiccional concreto que documenta la existencia de una estructura de poder que conecta al máximo referente sindical de Argentina con una presunta trama de fabricación de pruebas falsas y denuncia trucha contra los jugadores de Vélez Sarfield.
Cisneros, el maganate sindical bajo sospecha
Carlos Aníbal Cisneros no es un dirigente común. El documento judicial lo identifica como Secretario de Administración Nacional de La Bancaria, uno de los sindicatos más poderosos y ricos de Argentina, y simultáneamente como diputado nacional por Unión por la Patria, con los fueros parlamentarios que eso implica.
Pero la orden del juez Lerario Babot va más allá de los cargos formales. Basándose en las pericias UFED (tecnología forense israelí que recupera conversaciones borradas), el magistrado reproduce en su fallo conversaciones que identifican a Cisneros como “el de arriba” que daba órdenes para “hacer pingo” a la jueza Karina Eliana Gómez Moreira, magistrada a cargo de la causa original por abuso sexual contra los jugadores de Vélez Sarsfield.
La denunciante de esa causa, MLP (Nota de la R: su nombre permanece en reserva), es empleada de la Caja Popular de Ahorros, institución cuyo sindicato -La Bancaria- está presidido por Cisneros (el magnate tiene oficina propia en la CPA contigüa a la del presidente títere José Díaz). Pero hay más: La denunciante denunciada es hija de un poderoso ex juez federal y actual asesor de Banco Macro, quien también figura entre los denunciados por la defensa de los futbolistas.
Esta conexión familiar —revelada en la orden judicial— añade una dimensión adicional al caso: un ex magistrado federal involucrado en una trama para fabricar pruebas contra jugadores de fútbol, operando desde la estructura de poder del sindicato bancario más influyente del país.
Los siete domicilios allanados de la red Cisneros
La orden judicial detalla con precisión quirúrgica los siete lugares donde se ejecutaron los operativos este martes entre las 8 y las 19 horas:
1 y 2. El estudio jurídico de Patricia Neme: dos oficinas en distintos pisos de un mismo edificio de Calle General Paz 576
El juez ordenó allanar dos oficinas del estudio de Patricia Micaela Neme, la abogada que representa a la denunciante y que, también es asesora legal de La Bancaria. El documento describe una puerta de vidrio con un cartel que anuncia: “Asesoramiento Legal y gratuito contra los abusos de EDET – Lunes a Viernes de 09 a 13 y de 17 a 20 horas”.
Las pericias UFED documentaron que Neme eliminaba mensajes de teléfonos durante reuniones con la denunciante y testigos, y que instruía a declarantes qué decir en sede judicial: “no te acuerdas de nada“, le indicó a la testigo Rosario Molina el mismo día que debía prestar testimonio.
3. La casa de Milagros Castellote: testigo con empleo bancario inmediato post testimonio
María de Milagros Castellote, testigo clave cuyo teléfono fue sometido a pericias UFED que revelaron la coordinación criminal.
El dato explosivo que consigna el fallo: Castellote fue dada de alta en el Banco Macro el 27 de marzo de 2024, el mismo día que declaró como testigo por primera vez en la causa contra los futbolistas. El alta se realizó en la misma sucursal donde trabaja el padre de la denunciante y ex juez federal, ahora también imputado.
Esta “coincidencia temporal” es señalada por el juez como evidencia de retribución por testimonio.
4. Country Marcos Paz: el domicilio de Rosario Molina, Country Marcos Paz, Yerba Buena
La orden especifica que el personal de seguridad del barrio privado debió permitir el ingreso de fiscales y policías para allanar la residencia de “Rosario Molina”, la segunda testigo cuyo celular fue periciado con tecnología UFED.
Las conversaciones recuperadas de su teléfono demuestran que Molina recibió instrucciones precisas de la abogada Neme sobre qué declarar ante la justicia, destruyendo su credibilidad como testigo independiente.
5. Calle Santiago al 600, 4to y 5to piso: la casa de la denunciante
Domicilio de MLP (su nombre permanece en reserva), empleada de La Caja Popular de Ahorros (sindicato de Cisneros) e hija de un ex juez federal.
Las pericias UFED recuperaron conversaciones del teléfono del ex juez federal que demuestran que ella y su padre borraron “todo” del celular por miedo a que “lo pinchen” (intercepten), apenas ocho días después de formalizar la denuncia contra los jugadores de Vélez.
6. San Martín al 2000: el operador Petraglia
Calle San Martín N°2099
Residencia de Federico Petraglia, identificado como “hombre de confianza” de Cisneros y empleado de La Bancaria. El documento describe una vivienda beige con puerta marrón y cartel de alarma “ADT”.
Petraglia es una pieza clave: las pericias documentan que estuvo en el Hotel Hilton el 4 de marzo de 2024, 48 horas antes de la denuncia formal, pidiendo cámaras de seguridad y hablando con mucamas, lo que demuestra premeditación y planificación previa de toda la operación.
7. Córdoba al 1400, Yerba Buena: la casa del periodista Sheriff, amigo de la denunciante
Domicilio de Santiago Sheriff, periodista incluido en la denuncia por asociación ilícita. La orden autorizó el allanamiento y el registro de vehículos presentes en el lugar.
La inclusión de Sheriff sugiere que la presunta red también tenía un brazo mediático destinado a instalar narrativas favorables y desacreditar a los futbolistas denunciados.
“El de arriba”: las conversaciones que exponen a Cisneros
El corazón de la orden judicial son las conversaciones recuperadas con tecnología UFED de los teléfonos de Castellote y Molina, que el juez Lerario Babot reproduce textualmente para fundamentar los allanamientos, cuya cronología es la siguiente:
12 de marzo de 2024: El cambio de fiscalía
Apenas seis días después de la denuncia original, las conversaciones revelan que “Carlos” (identificado como Cisneros por el magistrado) había logrado cambiar la fiscalía que investigaba el caso. Una testigo llamada “Clementina Torino” lo confirma en un grupo de WhatsApp.
14 de marzo de 2024: El borrado masivo de celulares
Las pericias recuperaron mensajes que demuestran que la denunciante y su padre (el ex juez federal) borraron “todo” del teléfono por temor a que las comunicaciones fueran interceptadas.
El juez señala en su fallo: si no tenían nada que ocultar, ¿por qué el pánico a una posible intervención judicial de sus teléfonos?
21 de marzo de 2024: “Órdenes de arriba” para atacar a la jueza
Este es el pasaje más explosivo del documento judicial. Tras la resolución que ordenó arresto domiciliario de tres futbolistas, el padre de la periodista denunciante informó en sus chats que “sus abogados” (Neme y Venditti) iban a “hacer pingo” a la jueza Gómez Moreira por “órdenes de arriba” (Cisneros).
El fallo reproduce el análisis de la defensa de Florentín:
“Cabe destacar que tanto la denunciante, Castellote y los abogados Neme y Venditti trabajan en La Bancaria. Siendo la máxima autoridad de dicho ente, el Sr. Carlos Cisneros. Es decir, la expresión ‘el de arriba’ que da las órdenes de hacer ‘pingo’ a una jueza, es sin lugar a dudas, en referencia al Sr. Carlos Cisneros.”
Esta identificación —validada por el juez al ordenar los allanamientos— constituye la primera vez que un magistrado argentino señala judicialmente a un diputado nacional en ejercicio como presunto jefe de una organización criminal que ataca al Poder Judicial.
8 de abril de 2024: Neme elimina evidencia
Las pericias UFED documentan que Patricia Neme se reunió durante “una hora y pico” con Castellote y MLP y procedió a eliminar mensajes de los teléfonos” de ambas durante ese encuentro.
Esta acción – un delito autónomo de destrucción de evidencia- queda documentada en los metadatos recuperados por la tecnología forense israelí.
16 de abril de 2024: “Y que no te acuerdas de nada”
El mismo día que Rosario Molina debía declarar, Neme le envió instrucciones precisas sobre qué decir en sede judicial. El mensaje recuperado es textual: “y que no te acuerdas de nada”.
Esta directiva de la abogada a su testigo destruye completamente la credibilidad del testimonio de Molina y expone el nivel de coordinación de la presunta trama.
El rol del ex juez federal y padre de la falsa denunciante
Uno de los aspectos más inquietantes que revela la orden judicial es el rol del padre de la denunciante. El ex juez federal no es un ciudadano común: es ex juez federal y actualmente trabaja como asesor en Banco Macro, la misma institución (y hasta sucursal) donde fue dada de alta Milagros Castellote el mismo día que declaró como testigo.
El documento judicial consigna que el abogado y ex juez borró evidencia junto a su hija por miedo a que “pinchen” el teléfono, tiene conexión laboral con el banco donde se retribuyó a testigos y fue denunciado por los futbolistas de Vélez como parte de la organización criminal.
La presencia de un ex magistrado federal en una trama de fabricación de pruebas agrega una dimensión de gravedad institucional al caso. Si se comprueba su participación, sería uno de los casos más graves de corrupción judicial en la historia reciente de Tucumán.
El sindicato como estructura criminal: La Bancaria bajo sospecha
La orden judicial documenta algo sin precedentes: cómo un sindicato nacional habría sido utilizado como estructura operativa para fabricar una causa penal.
El fallo establece las conexiones:
La denunciante: Empleada de La Caja Popular de Ahorros (sindicato: La Bancaria)
Los abogados: Patricia Neme y Franco Venditti, asesores legales de La Bancaria, “puestos” por Cisneros para representar a MLP.
Los testigos retribuidos: Castellote recibe empleo en banco el mismo día que declara
El operador de campo: Federico Petraglia, empleado de La Bancaria y “hombre de confianza” de Cisneros
El jefe: Carlos Cisneros, máxima autoridad de La Bancaria, identificado como “el de arriba”
Esta estructura vertical —con Cisneros en la cúspide y todos los actores vinculados institucionalmente a La Bancaria— es lo que el juez caracteriza como “organización criminal” en los términos del artículo 210 del Código Penal.
“Hacer pingo” a la jueza: ataque al Poder Judicial
La expresión “hacer pingo” es lunfardo argentino que significa destruir, arruinar, atacar con saña. Que esta expresión aparezca en conversaciones referidas a una jueza en ejercicio —y vinculada a “órdenes de arriba” de Cisneros— constituye una de las acusaciones más graves del caso.
La jueza Karina Eliana Gómez Moreira, magistrada que intervino en la causa original por abuso sexual, habría sido objetivo de una campaña orquestada desde los más altos niveles de La Bancaria para presionarla, desacreditarla o forzar su apartamiento del caso.
El documento judicial no especifica qué acciones concretas se tomaron para “hacer pingo” a la magistrada, pero la sola coordinación de un ataque contra una jueza desde una estructura sindical-política configura delitos gravísimos tales como Intimidación a magistrados (art. 241 CP), Atentado contra la autoridad (art. 237 CP) y Obstrucción de la justicia agravada.
Si se comprueba que efectivamente se ejecutaron acciones contra la jueza Gómez Moreira, el caso podría escalar a dimensiones institucionales que comprometen la independencia del Poder Judicial tucumano.
La tecnología que destruyó la impunidad
La orden del juez Lerario Babot marca un hito: es la primera vez en Tucumán que un magistrado fundamenta una acusación de asociación ilícita contra un diputado nacional exclusivamente en evidencia forense digital.
Las pericias UFED (Universal Forensic Extraction Device), desarrolladas por la empresa israelí Cellebrite, permitieron recuperar:
- Mensajes de WhatsApp borrados
- Metadatos de eliminación (quién borró qué y cuándo)
- Conversaciones en grupos
- Audios eliminados
- Coordenadas temporales exactas
El documento judicial destaca que esta tecnología expuso lo que los implicados creían haber borrado para siempre.
“De dicha pericia, surgió información que daría cuenta de los hechos delictivos cometidos por los querellados mencionados ut supra, evidenciándose una estrategia criminal por parte de los querellados para influir sobre funcionarios y testigos, engañar a la justicia en diferentes actos procesales, ocultar la verdad e introducir información falsa.”
El pedido del fiscal: secuestrar todos los celulares
La orden judicial autoriza expresamente el secuestro de todos los teléfonos celulares que se encuentren en los siete domicilios allanados.
El objetivo es claro: someter esos dispositivos a nuevas pericias UFED que puedan revelar más conversaciones comprometedoras, ampliar el mapa de la organización criminal e identificar a otros posibles integrantes de la red.
El fallo especifica:
“REGISTRO Y DEL REGISTRO DE LOS celulares que se encuentren en los lugares a allanar (Art. 175, 176, 177, 180, 182 y cc. del CPP) y AUTORIZAR al M.P.F. en el marco de lo solicitado y considerado, a los fines de su REGISTRO y del REGISTRO DE LOS SECUESTRO de “todos los teléfonos”.”
Esta formulación amplia -“todos los teléfonos”- sugiere que la fiscalía busca no solo los dispositivos de los denunciados principales, sino también de personas que pudieran estar en esos domicilios al momento del allanamiento.
El Colegio de Abogados como veedor
Un detalle significativo de la resolución es que el juez ordenó notificar al Colegio de Abogados de Tucumán para que actúe como veedor durante el allanamiento del estudio jurídico de Patricia Neme.
Esta decisión busca proteger la confidencialidad abogado-cliente en expedientes que no sean parte de la investigació y Garantizar la transparencia del procedimiento ante un órgano profesional independiente
La presencia del Colegio de Abogados como veedor agrega legitimidad institucional a un allanamiento políticamente explosivo: el de la oficina de una abogada que representa a la denunciante de jugadores de fútbol famosos y que está vinculada al sindicato más poderoso del país.
El juez Lerario Babot autorizó expresamente “el uso de la fuerza pública” para ingresar compulsivamente a los domicilios en caso de que los ocupantes se nieguen a abrir o no estén presentes.
El fallo especifica:
“LA MEDIDA DEBERÁ PRACTICARSE el día 30/09/2025, en el rango horario de 08.00 a 20:00 horas; con habilitación de día y hora, facultándose expresamente el “USO DE LA FUERZA PÚBLICA” y a la apertura compulsiva de puertas, portones, candados, cerraduras, etc., de los accesos de los inmuebles a allanar en caso de resultar estrictamente necesario.”
Esta autorización es estándar en órdenes de allanamiento, pero cobra dimensión simbólica en este caso: la justicia tucumana está dispuesta a usar la fuerza del Estado para investigar a quien, según las pericias, controlaba instituciones desde dentro.
El juez dedica varias páginas de su resolución a fundamentar constitucionalmente la decisión de allanar los siete domicilios, considerando que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que “el domicilio es inviolable”.
Citando al jurista Alberto Binder, el magistrado explica:
“No se trata de una protección absoluta que impida por completo la búsqueda de información en el domicilio de una persona […] La protección que ofrece el proceso radica en que no será posible buscar información en tales fuentes si no media una autorización expresa de un juez.”
El juez Lerario Babot concluye que se cumplen los tres requisitos para que un allanamiento sea constitucional (Orden escrita y motivada de juez competente, Delitos graves que justifican la medida (asociación ilícita, falso testimonio, estafa procesal) y finalidad específica y proporcional (secuestro de celulares para pericias forenses).
Cisneros y la sombra del Narcotráfico en Tucumán
Un pasaje inquietante del fallo es la declaración de incompetencia preventiva que hace el juez para el caso de que se encuentren drogas durante los allanamientos.
El documento establece:
“IV.-) DECLARAR LA INCOMPETENCIA de este juez para el caso que en la medida se produzca el hallazgo de estupefacientes o cualquier elemento o materia prima similares, que indiquen la comisión de alguna de las conductas típicas de la ley 23.737. Se deberá dar intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas y a la Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo o al Juzgado Federal en caso de corresponder.”
Aunque esta previsión es estándar en órdenes de allanamiento, su inclusión sugiere que el magistrado no descarta que la investigación pueda ramificarse hacia otros delitos más graves que la fabricación de testimonios falsos.
Si durante los operativos se hubieran hallado estupefacientes vinculados a alguno de los imputados, el caso escala automáticamente a la justicia federal especializada en dichos delitos.
Un punto de inflexión en el manejo del poder paraestatal
La orden judicial del juez Lerario Babot representa un punto de inflexión en la justicia argentina. Por primera vez un juez provincial ordena allanar domicilios vinculados a un diputado nacional en ejercicio y dirigente sindical con evidencia exclusivamente forense digital. Se documenta, también judicialmente, el uso de un sindicato nacional como estructura operativa de una presunta organización criminal y se identifica a un legislador con fueros como “el de arriba” que daba órdenes para atacar a una jueza y se expone la participación de un ex juez federal en fabricación/destrucción de pruebas.
Lo que viene
Si la investigación prospera, las consecuencias serían sísmicas:
Para Cisneros: Requerirá desafuero de la Cámara de Diputados para ser procesado. Si se confirma que es jefe de asociación ilícita, enfrenta entre 5 y 10 años de prisión.
Para La Bancaria: El sindicato podría enfrentar intervención judicial si se comprueba que recursos institucionales fueron utilizados para actividades criminales.
Para Neme y Venditti: Podrían ser desmatriculados como abogados y enfrentar hasta 4 años de prisión por falso testimonio y destrucción de evidencia.
Para el ex juez federal que destruyó evidencias: Un ex juez federal procesado por fabricación de pruebas sería un escándalo institucional de proporciones históricas.
Para los jugadores de Vélez: Si se demuestra que la denuncia fue fabricada, quedarían completamente desvinculados y podrían reclamar daños millonarios.
Para el sistema judicial: Se sentaría un precedente sobre el uso de pericias UFED como evidencia principal en casos de corrupción y crimen organizado.
El caso Trimarco: patrones que se repiten
Aunque el fallo no lo menciona explícitamente, las similitudes con el caso de Marita Verón son inquietantes. “Los Ale en Tucumán son una mafia organizada. Ellos siempre aparecen para decir yo no fui, pero son los que manejan todo. Tienen testaferros que son políticos, jueces. Están involucrados, se lo voy a decir con nombre propio, el ex gobernador Jorge Miranda; ‘el Cabezón’ (Antonio) Guerrero, que era ministro de Gobierno y Justicia; y Carlos Cisneros, que manejaba la Caja Popular de Ahorro. Cuando sale Guerrero, entra Fernando Juri Riera, compadre de “la Chancha” Ale. Es una persona manejada por ellos (los Ale), fue vicegobernador en el primer mandato de José Alperovich y en estos momentos es legislador. Los Ale no quieren dejar de tener gente dentro del poder”, declaró hace 20 años Susana Trimarco madre de la desaparecida Marita Verón.
Durante más de dos décadas, Susana Trimarco denunció conexiones entre redes de trata y estructuras de poder en Tucumán que operaban con impunidad absoluta. El patrón que describió Trimarco es idéntico al que ahora documenta la orden judicial:
- Protección mediática de los poderosos
- Manipulación de testimonios judiciales
- Cambios sospechosos de fiscalías
- Testigos que reciben beneficios por declarar
- Evidencia que desaparece misteriosamente
- Un sistema que se protege a sí mismo
Las mismas estructuras de impunidad que impidieron esclarecer el caso Verón son las que ahora aparecen documentadas en las pericias UFED del caso Cisneros.
El denominador común: un entramado de poder que opera por encima de la ley, protegido por su penetración en instituciones clave del Estado provincial.
Ordenar el allanamiento de siete domicilios vinculados al uno de los hombres más poderosos de Tucumán, al sindicato bancario más rico de Argentina, a abogados influyentes y a la hija de un ex juez federal, requiere una convicción absoluta en la solidez de la evidencia.
Las pericias UFED le dieron esa certeza. La tecnología forense israelí recuperó las conversaciones que los implicados creían haber borrado para siempre. Y el magistrado actuó.
La defensa de Cisneros en su ecosistema de medios
Ante el llamativo silencia de La Gaceta -rumores en la propia redacción del centenario diario aseguran que éste fue comprado por un grupo afín al magnate mediático y diputado nacional – se activo el sistema de medios conocido como “CC Holding” (Contexto, Enterate y periodistas adictos) para publicar un descargo ante la grave denuncia en su contra
Una vez más, estamos ante un nuevo capítulo de cómo funciona la Justicia de Tucumán manejada por los mismos de siempre. Allanamientos ordenados a partir de una denuncia absurda, armada para desviar el foco de lo importante: una violación en manada que lleva esperando 15 meses ser elevada a juicio.Quiero dejarlo claro: yo no me escondo. Nunca lo hice. Estoy y voy a seguir estando siempre del mismo lado:- Del lado de los jubilados, a los que el PAMI les niega medicamentos.- Del lado de los tucumanos que sufren los abusos y la contaminación de EDET y TRANSNOA.- Del lado de una trabajadora bancaria víctima de una violación en manada, que hoy vuelve a ser revictimizada por maniobras judiciales.- Del lado de quienes enfrentamos a la mafia del fútbol y a los representantes de jugadores denunciados.- Del lado de la Caja Popular de Ahorros, denunciando a los abogados fraudulentos que quisieron vaciarla y al colegio de abogados que los protege.La verdadera “asociación ilícita” y “plan criminal” está en los despachos donde fiscales ordenados por Edmundo “Pirincho” Jiménez arman y frenan causas según les convenga. Esa es la estructura que lleva décadas en los mismos sillones, armada por el poder político de Alperovich. Todos los tucumanos sabemos qué habría pasado si Alperovich se sometía a la justicia de Tucumán: su causa hoy estaría archivada en un cajón.Nosotros no inventamos causas, las enfrentamos. Denunciamos lo que nadie se anima a denunciar. Y por eso hoy nos quieren amedrentar. Pero no nos van a callar, vamos a seguir denunciando lo que tengamos que denunciar.Con mi equipo de trabajo, con REDECU, desde mi rol sindical y como diputado nacional, siempre estuvimos del mismo lado: el de la gente. Que eso moleste, quiere decir que estamos tocando intereses. Vamos a seguir exigiendo que la justicia actúe y proteja a las victimas. Vamos a seguir peleando por lo mismo de siempre: por los jubilados, por los trabajadores, por las mujeres victimas de abusos y contra las mafias que todavía se creen intocables en Tucumán.
DOCUMENTO COMPLETO: El Tucumano pone a disposición de sus lectores la orden judicial íntegra (con datos personales sensibles protegidos según normativa vigente) para análisis público.
CAUSA: S-077592/2025
JUZGADO: Centro Judicial Capital – Dr. Bernardo Lerario Babot
FECHA: 30 de septiembre de 2025
IMPUTADOS: 9 personas, incluyendo diputado nacional, abogados, testigos, periodista y ex juez federal.