La oposición al Gobierno volvió a sumar una amplia mayoría que alcanzó los dos tercios y le permite insistir con las dos leyes que fueron rechazadas por el Ejecutivo.
El Gobierno de Javier Milei sufrió este jueves una contundente derrota en el Senado: por paliza, la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declaran la Emergencia Pediátrica –que contempla el financiamiento para el Hospital Garrahan-, y que mejora y blinda los presupuestos de las Universidades Públicas.
Con el rechazo a los vetos de Milei, ambas normas recuperan vigor: así, se esperan los próximos movimientos de la Casa Rosada. Cuando se rechazaron los vetos y se reactivó la Emergencia en Discapacidad, el Gobierno dilató el giro de fondos que manda la Ley.
Los vetos de este jueves fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. La emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones.
La iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones.
Ambos rechazos a los vetos superaron por amplio margen los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.
La emergencia pediátrica
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”.
De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo.
Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Fondos para las universidades públicas
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto.